La Junta Departamental aprobó la recategorización de suelos para la instalación de la planta de hidrógeno verde.

La Junta Departamental de Paysandú aprobó la recategorización de suelos para la planta de hidrógeno verde que HIF Global planea instalar en el departamento como parte de la mayor inversión de la historia de Uruguay: se trata de un avance incipiente que se da tras la judicialización del contrato y horas del último día de la actual gestión del gobierno nacional.
Con 27 votos positivos sobre los 29 totales, la Junta Departamental de Paysandú aprobó el Programa de Actuación Integrada Complementario (PAIC) para la recategorización de los terrenos en los que se instalará la planta de producción de hidrógeno verde por parte de la empresa de capitales chilenos.

 
Esta aprobación, que había sido adelantada por Ámbito una semana antes, es apenas una etapa previa del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental a cargo de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea); pero es un primer paso fundamental que “implicó más de un año de trabajo en conjunto entre la Intendencia de Paysandú y la empresa”, y la incorporación de recomendaciones de los organismos estatales competentes, así como de la comunidad, según señaló HIF Global en un comunicado.
El proyecto detalla la nueva categorización de los dos padrones —uno rural y otro suburbano— cercanos a la localidad de Constancia donde se emplazará la obra; y establece los compromisos ambientales que deberá cumplir la empresa. Entre ellos destacan la creación de una reserva de biodiversidad de 164 hectáreas linderas al Río Uruguay que será gestionada por la misma compañía y en la que no se podrán llevar a cabo actividades económicas.
Una judicialización en el pasado y un nuevo gobierno en el futuro
Este primer paso en el proceso para obtener la Autorización Ambiental Previa (AAP) por parte del Ministerio de Ambiente es importante para HIF Global que, apenas en diciembre pasado, logró la firma del contrato con el gobierno saliente.

En el medio, la cuestión política y judicial atravesó el proyecto que supone una inversión histórica para el país: a partir de una denuncia del Partido Verde Animalista contra el Estado, la Justicia falló a favor de la entrega de información confidencial sobre el memorando de entendimiento con la empresa chilena —firmado exactamente un año atrás—, particularmente aquella relacionada con cuestiones de carácter ambiental.

“En el caso concreto tratándose de un derecho humano como es el medio ambiente y por ser la información medioambiental de interés público, debe interpretarse en forma estricta la aplicación de la excepción a la información pública entendiendo que la cláusula de confidencialidad solo abarca a los datos privados de la empresa, a aquellos datos económicos de la empresa como pueden ser la fuente de financiamiento o de crédito del proyecto etc. (datos que el Estado debió clasificar), pero de ninguna manera pueden alcanzar a la información medioambiental contenida en el memorando y su anexo”, señaló el fallo que, luego, el gobierno incumplió.

Ello llevó a una denuncia —también contra el Estado— ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— y que la Justicia implementara una multa por cada día que la información en cuestión no fuera entregada.

Finalmente, el gobierno firmó el acuerdo de implementación con HIF Global en diciembre pasado en medio de una polémica por la participación estatal, y la Viabilidad Ambiental de Localización logró su aprobación el 27 de febrero por la noche, en la previa del último día de gestión de la Coalición Republicana a nivel nacional y a las puertas de un cambio de mando en la Torre Ejecutiva y en los directorios de las empresas públicas, incluyendo Ancap.

El ingreso de Ancap al negocio del hidrógeno verde.

El canciller Omar Paganini, quien se desempeñó como titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) hasta el 4 de noviembre del año pasado, aseguró que el ingreso de Ancap al proyecto de HIF Global para la producción de hidrógeno verde (H2V) supone un "monto gigante" para el Estado, además de tener que brindar "la garantía soberana" de este.
Este viernes, por medio de su cuenta en la red social X, el actual ministro de Relaciones Exteriores aclaró que el ente autónomo "sigue formando parte del proyecto de HIF Global en Paysandú", en lo que será la mayor inversión en la historia del Uruguay.

En ese sentido, señaló que la multinacional decidió la inversión tras un llamado de Ancap para colocar el anhídrido carbónico (CO2) de la planta de ALUR. "Un excedente de producción que hoy se emite al ambiente, pero que, combinado con hidrógeno (H2) puede usarse para producir combustibles verdes", detalló.
"Ancap participa en el proyecto como proveedor de CO2, no como inversor. HIF invierte para producir el H2 y combinarlo con el CO2 para producir combustibles verdes", explicó Paganini y añadió: "El proyecto de HIF no depende de que Ancap invierta. Cuenta con socios de Chile, EEUU, Alemania y Japón. Ellos están asumiendo la inversión y el riesgo, y Ancap obtendrá beneficios rentabilizando un subproducto. Es una situación de ganar-ganar".
Al igual que lo hizo el pasado jueves la actual titular del MIEM, Elisa Facio, el jerarca recordó que "el mercado de los nuevos energéticos está en pleno desarrollo" y que "puede demorar más o menos tiempo en madurar", requiriendo inversiones adicionales o ajustes tecnológicos. "Esos riesgos en este caso los debe correr el privado", continuó.

"Ancap no debería salir de garantía en un proyecto que implica riesgo e incertidumbre"
A su vez, Paganini entiende que Ancap no debería salir de garantía en un proyecto que implica el "riesgo" y la "incertidumbre de un negocio en formación. "Estamos hablando de una inversión de 6.000 millones de dólares, montos gigantes para Ancap o el Tesoro nacional", añadió.

"Si Ancap integra hasta el 30% del capital, eso implica una enorme suma de dinero (hasta 1.800 millones de dólares), pero implica también —directa o indirectamente— la garantía soberana del Estado. Es decir que, si sale mal, el Estado es garante de todo el proyecto", prosiguió en su extenso hilo.

Paganini recordó negocios fallidos de gobiernos pasados, tales como el denominado caso Pluna, donde "el Estado garantizó a privados la compra de los aviones y terminó pagando un monto enorme", así como la regasificadora de Gas Sayago o el negocio del pórtland en el Grupo Ancap.

"Los proyectos de hidrógeno verde no deberían ser otra regasificadora. Una cosa es un proyecto con beneficios para Ancap y para los privados, y otra muy diferente es invertir fortunas de los contribuyentes y que por añadidura el Estado salga de garantía", manifestó antes de subrayar: "Como administradores públicos, tenemos que cuidar a Ancap".